Hacia comienzos del siglo pasado, esta riqueza recién tomaba dimensión en la Argentina. Como las normas del Código de Minería prohibían al Estado explotar minas, para impedir la especulación de las compañías, esto daba pié para poder estudiar un régimen legal conveniente. Por ello,el Poder Ejecutivo había dictado el 14 de diciembre de 1907 un decreto que prohibía la denuncia de pertenencias mineras y la concesión de permisos de cateo en Comodoro Rivadavia y Chubut, donde se habían encontrado reservas petrolíferas.
Restringidas nuestras provincias patagónicas, las compañías se empeñaron con otras provincias. En Salta, donde se hicieron intensas exploraciones durante la década de 1920, los gobiernos, según su tendencia, apoyaron la acción del Estado Nacional, pero otros autorizaron la actividad de empresas como la Standard Oil, de origen norteamericano. Un interventor otorgó concesiones para la explotación petrolera a las firmas Cía. de Petróleo La República Ltda. S.A., Cía. Nacional de Petróleos Ltda. y Standard Oil Co., que el gobernador conservador Joaquín Corvalán apoyó.
Sin embargo, el gobernador Julio Cornejo defensor de los derechos del Estado en la explotación petrolera, por decreto del 31 de mayo de 1928 intimó a las empresas a suspender su actividad, alegando que habían sido autorizadas por un interventor. Las firmas reclamaron invocando la violación del derecho de propiedad sobre las minas. El juicio tuvo gran repercusión pública, pues se trataba del debate sobre el control de la riqueza petrolera.
El juez de la Corte, Figueroa Alcorta llegó a conversar el tema con el presidente Yrigoyen.
Pero, el juicio se extendió al punto que cuando el caso llegó a la decisión de la Corte, las condiciones políticas habían cambiado luego del golpe militar de septiembre de 1930.
Entonces los jueces señalaron que las empresas eran argentinas y con domicilio en la Capital Federal (con lo cual se pretendía desconocer los orígenes de estas empresas y su dependencia de capitales extranjeros), y que los actos de los interventores debían ser considerados válidos, más aún cuando aparecían ratificados por gobernadores sucesivos, por lo cual las concesiones debían tenerse por definitivas.
Hoy, a casi 90 años de esta entrega a manos privadas de la explotación del petroleo nacional, el estado mantiene los contratos menemistas de entrega a las empresas extranjeras la explotación de nuestras riquezas, y mientras falta gasoil, nafta común y gas, y las pequeñas empresas de surtidores nacionales realizaran un paro este viernes por sus magras ganancias, mientras las grandes ganacias de las petroleras siguen saliendo del pais sin ningún control
Pero, como siempre decimos, esa,…. esa es otra Historia
APA. 2 de Diciembre de 2008
