En aquel año La Nación, un diario crítico al oficialismo, importaba 8.388 toneladas de papel, ocupando el tercer lugar en el ranking de circulación, debajo de La Prensa (que fue expropiado al año siguiente) y de El Mundo, de Editorial Haynes. Tres años más tarde producto de la restircción, el matutino de los Mitre pasó al séptimo lugar: el gobierno sólo autorizó la importación de 2.097 toneladas, es decir la cuarta parte de sus necesidades.
Años después la dictadura de Onganía creó el Fondo para el Desarrollo de la Producción de Papel y Celulosa (decreto ley 18.312 de agosto de 1969).
El 31 de marzo de 1971 otra dictadura, la de Lanusse, dispuso que la fábrica de papel, denominada Papel Prensa, debía tener un 51% de capital nacional y que el Estado aportaría el resto. Se llamó a licitación el 19 de abril de ese año y ninguno de los oferentes cumplió con los requisitos.
En mayo de 1972 Lanusse declaró desierto el concurso público y firmó una adjudicación directa con César Civita, de la entonces poderosa Editorial Abril, editora de Claudia, Panorama y Siete Días, secundado por César Doretti, Luis Alberto Rey. A finales de 1973 Rey ya había comprado el ochenta por ciento de las acciones clase A a los otros dos accionistas.
En 1976, a través de Rey como testaferro, Graiver controlaba la totalidad de Papel Prensa. El banquero, entonces de 35 años, murió en un confuso accidente de un vuelo privado que cubría el trayecto Nueva York-Acapulco. Es entonces que su viuda es presionada para ceder las acciones a la Nación, Clarín y La Razón.
El traspaso a los tres diarios se firmó el 18 de enero de 1977. Después de ceder las acciones los miembros del Grupo Graiver fueron detenidos e intervenidos en todos sus bienes para evitar que algún reclamo de heredederos afectara la tenencia de Clarín y sus socios. El general Camps, jefe de Policía de la provincia de Buenos Aires, efectuó personalmente las detenciones.
Los Graiver ni siquiera cobraron la cesión de las acciones.
El fiscal Molinas emitió un duro dictamen sobre Papel Prensa el 29 de febrero de 1988, en el que acusó:
–al ex dictador Lanusse de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.
–al Grupo Graiver de haber utilizado testaferros en violación al pliego de condiciones.
–a todos los representantes del Estado en la empresa por incumplimiento de deberes de funcionario público.
Cuatro años después, en 1992, la causa penal fue sobreseída por prescripción.
Mas cercanamente, Alberto Fernández pasó, sin pena ni gloria, por el Directorio, no habiendo concurrido ninguna de sus reuniones
Hoy, la Historia del negociado de Papel Prensa se ve teñida por la disputa entre el Gobierno y el grupo Clarin, y lo que podría ser un verdadero acto de justicia histórica y desmantelamiento de la corrupcion, es sólo el transfondo de la lucha entre el Gobierno y el Grupo Clarin, quienes no dudan en reclamar sobre la contaminación de la planta productora o utilizar la Ley de ADN que posibilitaría la extracción compulsiva de sangre a un hijo de Ernestina Noble.
Pero como siempre decimos…esa, esa es otra Historia
APA. 24 de Noviembre de 2009
